Ante los retos mundiales, México vive una elección extraordinaria para transformar su Poder Judicial este domingo 1 de junio de 2025. Los mexicanos votarán por nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigilantes del apego constitucional de los actos de autoridad, y de los derechos humanos de las personas.
Dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes resuelven controversias electorales, siendo el último órgano jurisdiccional al respecto. Ellos hacen el cómputo final de la elección presidencial de México y declaran su validez.
Quince magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, quienes resuelven conflictos en los procesos electorales estatales, confirman o cambian decisiones de los Tribunales Locales sobre disputas, excepto de gubernaturas, y revisan acciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), quienes sancionan prácticas contrarias a la Constitución cometidas por jueces, magistrados y ministros. Conforman Comisiones que determinan responsabilidades administrativas en primera instancia a través de tres de sus integrantes, y en Pleno, en segunda instancia.
Cuatrocientos sesenta y cuatro magistrados de Circuito, quienes revisan inconformidades contra juzgados de distrito y órganos judiciales locales, estableciendo precedentes y ampliando derechos y libertades.
Trescientos ochenta y seis juzgadores de Distrito, quienes garantizan que las autoridades respeten la Constitución. Federalmente resuelven casos en materias civil, laboral, penal, administrativa, etc. Protegen los derechos humanos a través del Juicio de Amparo.
Al respecto, Revista MilMesetas entrevistó a Omar García Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “hablar de participación ciudadana es hablar de actores de una elección, y resaltar que es la primera en la que se implementa la no participación de partidos políticos. Aunque anteriormente se impulsaron candidaturas independientes, dicha figura fue aplastada por la falsa implementación de mecanismos que competían contra estructuras partidistas robustas.
Está prohibido que intervengan los partidos, y aunque se están escabullendo en los vacíos legales, el rol que jueguen en esta elección definirá cómo se normarán las siguientes elecciones del Poder Judicial. Es un proceso inédito a nivel mundial, y aunque la oposición al reformismo -el derrotismo- se ocupa en cazar errores de la reforma para gritar errores en las leyes, este primer proceso electoral será estudiado a futuro y fuera del país.
Los partidos son relevantes para la participación ciudadana porque tienen estructuras asentadas, y las elecciones judiciales tienen dos opciones: crear nuevas bases sociales, o secuestrar a cualquier costo dichas estructuras. Siendo una elección de abogados, muchos prefieren lo segundo.
Ello quita el sueño a los buenos candidatos, porque pueden llegar verdaderas pesadillas jurídicas a cargos tan relevantes como la SCJN o la Sala Superior del TEPJF. Es una pesadilla que haya actores que intenten intimidar a los actores partidistas y secuestrar sus bases sociales. Por eso, la participación ciudadana debe limitarse a una sola acción: juzgar con muchísimo cuidado a quienes nos van a poder juzgar. No queremos que llegue un candidato bufón o fascista.”
Para el también poeta “hay tres temas decisivos sobre la difusión: INE, redes sociales y personas. El INE ha puesto trabas considerables a la difusión de los candidatos: primero prohibió la compra de espacios de medios, lo cual está bien, aunque haya armado un agosto entre los medios y los candidatos con más dinero. Pero a media campaña prohibió la realización de foros en que no aceptaran la invitación al menos el 50% de los candidatos a un mismo cargo. ¿Cuántos tenían que aceptar y cambiar su agenda para eso? Luego dejó la impunidad en actos de campaña escandalosos realizados en estadios.
El segundo factor, las redes sociales, que tienen un algoritmo determinado que limitan el crecimiento de una cuenta: no asciendes si no pagas publicidad. Y estaba prohibido pagar publicidad. Esto no es relevante a nivel local, porque te pueden seguir personas de otro estado o distrito, es relevante para cargos estatales o nacionales de las boletas federales, porque nadie te conoce si no checa redes, si no te escuchó la única vez que te invitaron a un programa, o si no sabe tu nombre. Así, las normas de equidad generaron normas de inequidad y de estrategias ilegales.
El tercer factor son las personas, quienes finalmente deciden, a partir de cierta información, a quien investigar y a quien no. Lo lamentable es que las más de las veces decidimos no investigar, y justificadamente habiendo la cantidad de candidatos que hay en cada boleta. No hay tiempo. Y lo peor: hay candidatos disfrazados de izquierda. Y sin ver sus trayectorias, los casos en los que han estado, y los títulos de lo que han publicado, pareciera que el diablo puede ser juez.
¿Cómo repercute la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 en la vida pública de los mexicanos? En todo. Si se realizan los sueños de algunos de que la gente no decida a sus juzgadores, ganarán los medios o las bases de cada candidato, y no la colectividad. Es una trampa libertaria (y neoliberal) pensar que no votando las cosas se van a arreglar.
Hay muchos decepcionados de la política: afirman que las cosas no cambian, que los jueces no resuelven salvo para los ricos, que ni siquiera hacen leyes. Hay razones para que se dé esa desilusión política: hay sectores desatendidos, bajos salarios, y mucho ruido de la oposición que está encerrada en su negocio.
Pero la desilusión política tiene la misma raíz que lo que niega, que es la idea misma del Estado: la ficción. E igual de ficticio es sentir tener dinero por recibir un salario. Es decir, tanto el Estado como los tribunales como el trabajo son ficciones, pero cuando los necesitas sabes que siempre estaban allí”, sentenció el abogado.
Alberto Ruiz Méndez, profesor de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coincide en que “la reforma va a tener un calado muy hondo en la sociedad mexicana. Es producto de la voluntad de uno, con valor para muy pocos y que nadie entendió, le hizo falta mucha pedagogía.
Al gobierno y a actores académicos, civiles, sociales, nos faltó enseñarle a la gente qué era lo que estaba en juego, qué cargos se estaban eligiendo, cuál es su función dentro de la sociedad y la democracia. Ello pone en riesgo al sistema de justicia mexicano porque hay que decirlo, y esto no es ningún juicio de valor, sino parte de cómo se han dado los hechos. Ha sido un proceso muy desaseado.”
Para el doctor en filosofía, los mismos poderes que postularon a los candidatos no le dieron la importancia que deberían. Prueba de ello es que han proliferado candidatos asociados a cultos religiosos, con vínculos al crimen organizado, que no tienen la probidad suficiente, lo que sea que eso signifique, para ser jueces. Ni siquiera ellos revisaron con la diligencia con la que se supone que deberían hacerlo.
Esto amenaza al sistema judicial mexicano. Los efectos de la elección se sentirán levemente, van a pasar desapercibidos en el día a día, en los ministerios públicos, en los juzgados; sólo quienes estén empapados de cómo funciona este sistema judicial, sabrán aprovechar (lo digo con tono negativo), a quienes vayan a quedar electos. A lo mejor son conocidos, correligionarios de partido, compañeros de clase.
Esta reforma va a cambiar la fisonomía del sistema político mexicano en general y del sistema de justicia en particular. Desafortunadamente, no parece ser un cambio para bien. La difusión mediática estuvo extraña. Hubo un debate de si los gobernantes, en particular la presidenta, podía o no hablar de la reforma, de la elección ¿Por qué no puede hablar de algo crucial para el país?
Los candidatos no podían hacer uso de recursos públicos ni del tiempo. Si eran servidores públicos, no podían ocupar el tiempo de su trabajo para hacerse campaña. Mientras que los ministros de la Suprema Corte que están ahora y se postularon, en cualquier acto como funcionarios ejercían proselitismo.
Disparidad entre aspirantes. Algunos de manera muy orgánica, hicieron sus campañas en Instagram, Facebook, de casa en casa. Por la diversidad de cargos: locales, específicos, no se justificaría que estuvieran en cadena nacional, dada su delegación o demarcación territorial.
Ante estas deficiencias estructurales y aparentemente un capricho del sexenio anterior, los mecanismos de participación ciudadana, observadores o visitantes extranjeros, desempeñan un papel importante de documentación de la jornada: las personas que van, adultos mayores, jóvenes, interacciones fuera de las casillas, uso de acordeones. Todo requiere un registro del humor, del espíritu, de la convivencia al emitir el voto.
Sin duda, es una elección histórica por muchas razones: un ejercicio inédito, pero ninguno de esos dos adjetivos, histórico e inédito, asegura un resultado benéfico para la sociedad mexicana y menos para el sistema de justicia, determinó el académico de la Máxima Casa de Estudios de México.
Sin embargo, Carlos Jesús Magaña Iñiguez, licenciado en Derecho por la UNAM, observa que ante la ausencia de conteo de votos en las casillas y de representantes electorales, recae en la ciudadanía la responsabilidad de vigilar de cerca que el conteo oficial refleje fielmente la voluntad expresada en las urnas.
Los mecanismos de participación ciudadana deben asegurar la transparencia del proceso. La denuncia ciudadana frente a cualquier intento de coacción o inducción del voto es relevante, pues aunque se autorizó la distribución de acordeones, no está permitido recibir uno o réplica de boleta electoral, impresa o electrónica, con los números marcados por alguna candidatura. Esto podría significar un delito electoral. Es clave que la sociedad llame al voto, difunda información y defienda la integridad democrática.
Los medios jugaron un papel determinante en las campañas, sobre todo los que respetaron el principio de equidad y ofrecieron espacio a toda candidatura. Pero se evidenció una falla del INE, que no cumplió cabalmente con su obligación de informar a la ciudadanía u organizar foros de debate para contrastar perfiles y propuestas, limitando así el acceso equitativo en una elección tan delicada.
A pesar de ello, algunas universidades privadas hicieron un gran esfuerzo por informar y divulgar entre la comunidad académica y estudiantil, así como público en general, los alcances de este proceso. En contraste, las universidades públicas, incluida la UNAM, se mantuvieron en gran medida al margen, perdiendo una valiosa oportunidad para fomentar la participación crítica de la academia.
En perspectiva del también filósofo, ha muerto el pasado, “la reforma judicial repercute profundamente en la vida pública de los mexicanos, al marcar un antes y un después en la manera en que se concibe y ejerce la justicia en el país.
Esta reforma da la oportunidad a México de remover la estructura de poder que operó durante décadas dentro y fuera del Poder Judicial para condicionar su independencia y emitir criterios ajenos al sentido social de nuestra Constitución.
Todavía hay acciones por hacer y debemos participar para transformar de raíz el sistema de impartición de justicia, así como ejercer una revisión acuciosa en el desempeño de los nuevos cargos y exigir una renovación profunda en la manera en la que se están formando las generaciones de juristas.”
Déjanos un comentario